Sea cualquiera el modo de pensar o la posición que se tenga respecto a la universidad y su trascendencia, es necesario aceptar que el año pasado fue un año crucial para el sistema universitario peruano. Es que la promulgación de la Ley N° 30220 removió desde sus cimientos la relativa tranquilidad de la gestión académica y administrativa de la universidad peruana.

La nueva legislación, controvertida desde sus orígenes, fue aprobada por el parlamento y promulgada por el ejecutivo e intentó ser aplicada en forma inmediata, universal y en todos sus alcances. Como es de suponer, esto desencadenó gran sorpresa y hasta cierto estupor en la comunidad universitaria nacional, suscitando con el pasar de los días las más variadas reacciones por parte de los profesores y autoridades universitarias, reacciones que iban desde la aceptación más sumisa, proclive a todos los cambios, hasta la oposición más feroz y contestataria que reclamaba su derogación. Entre ambos extremos, una variopinta gama de actitudes, incluyendo las más moderadas, prudentes y con conocimiento de la vida universitaria.

Todo lo que sucedió después, a lo largo de más de un año de incertidumbre, es de todos conocido: algunas universidades inmediatamente se adaptaron a la ley, otras permanecieron indiferentes y varias de ellas se declararon en rebeldía total y con argumentos variados pedían la inmediata derogación de la norma. Sin embargo, cabe destacar la indiferencia y pasividad del gobierno y la ineficacia de las nuevas instituciones para hacer cumplir lo que ellos mismos con tanto afán querían implementar con la dación de la nueva ley.

Un aspecto resaltante, sí, de toda esta situación se deriva de lo dispuesto por el Art. 84 de la ley, que se refiere a los profesores que han cumplido 70 años o más. La ley estipula su inmediata remoción sin tener en cuenta que constituyen un alto porcentaje de actores en el sistema universitario y que su partida inmediata generaría ausencias notorias y desgobierno en las facultades. Además, tampoco se toma en cuenta su situación laboral inmediata. En este sentido, este gran grupo de profesores universitarios, víctimas de una discriminación inmerecida, todavía hasta el día de hoy ignoran su situación real y permanecen en una posición incierta que en nada les favorece. En muchos casos, ellos han sido “caballo de batalla” para muchas “soluciones” legales y reclamos, sin que se llegue a nada concreto.

A estas alturas, la situación parece ir calmándose y mejorando, pero de un modo demasiado lento y todavía caótico. Esperamos que las actuales instituciones encargadas de la gestión universitaria olviden su desidia y apresuren la solución de los problemas álgidos y urgentes que ellas mismos originaron.