Últimamente el país ha vivido dos acontecimientos muy particulares, ambos de gran impacto social y, consecuentemente, con variadas implicancias para la sociedad peruana
Uno de ellos consiste en una situación afortunada y prometedora, que ha movilizado –y a veces inmovilizado– a todo el país. Esta se refiere al fútbol profesional peruano que, gracias al esfuerzo de los jugadores y de un hábil entrenador, ha logrado gran mejora y conseguido llevar al Perú al tan ansiado Campeonato Mundial de Fútbol, al que no accedía desde hace casi cuarenta años. Este suceso es en sí un buen alcance, un ascenso en el ámbito futbolístico, pero esta vez ha concitado un interés apoteósico en todos los peruanos, excediendo el aspecto meramente deportivo para abarcar lo social, político, económico y cultural. El país en realidad entró en una vorágine triunfalista que prácticamente lo obnubiló, permitiendo que por esas circunstancias se aprovecharan indebidamente de la situación algunos políticos y dirigentes deportivos. Se dieron reacciones tan masivas y efusivas que, en no pocos aspectos, se perdió la cordura y se actuó casi instintivamente. Si bien es cierto que los avances cualitativos del seleccionado nos enorgullecen, también sería bueno tomarlos en su real dimensión y no llegar a extremos de compromiso masivo e irrefrenable. Ciertamente hay progresos (aunque sin mayores logros futbolísticos), pero son mejoras de las que tenemos que estar orgullosos sin sumergirnos en una cadena de hechos y actitudes descontroladas.
El otro suceso, que viene a ser la contraparte negativa, por escandaloso, inmoral y perverso ha llegado a asquear también a todo el país. Se trata de esa serie de divulgaciones de numerosos audios y videos en los que se aprecia a los más altos funcionarios y jefes del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Ministerio Público, falseando situaciones, exigiendo coimas, beneficiando a sus amigos y formando grupos delincuenciales que pretenden acaparar todo el sistema de justicia.
Esto ha causado una gran indignación y se levantan voces pidiendo desafueros masivos y destituciones en gran número. Sin embargo, pese al desprecio total por esos personajes, hay que actuar con cautela pero con firmeza. Tanta es su desvergüenza que muchos con una falsedad inaudita se presentan a declarar no solo inocencia sino que se sienten tan “ofendidos” que van a “ejercer su derecho” a enjuiciar a todos aquellos funcionarios que con un ejemplo de probidad y valor tienen el coraje de desenmascararlos y ponerlos en prisión a muchos de ellos.
Finalmente, es necesario hacer una reflexión: podemos puntualizar que ambos acontecimientos han tenido gran impacto social (uno muy halagüeño y el otro perjudicial). Este último, sobre todo, nos obliga a pensar en el origen y las causas de estas situaciones y actitudes. ¿Cómo se ha llegado a esta condición? Al parecer existe en el país una verdadera crisis de valores, de patriotismo y de honradez. No importa ya el bien común, sólo el bien personal, el poder y el dinero, a toda costa. Es necesario preguntarnos cuál es el papel de los profesores y de las instituciones educativas en la formación ética de los estudiantes e, igualmente, la responsabilidad del sistema universitario, en sus diversas especialidades, sobre todo en la formación de los abogados. Urge revisar sus procesos de formación profesional porque, al parecer, sus productos académicos dejan mucho que desear. Probablemente también influye en esto la proliferación de universidades, muchas de ellas con deficientes niveles académicos y pésima infraestructura. Es así como no saben, no quieren o no pueden formar profesionales idóneos para el bien del país.
Ambos acontecimientos (bueno uno, denigrante el otro) han impactado y dejado huella, desgraciadamente no siempre buena, en el pueblo peruano. Esperamos que el Perú sepa sacar el debido provecho a partir de ambas experiencias.
